05 Jul Eduardo Ferreiro aboga por sentencias adaptadas a las circunstancias personales y profesionalización en la actividad tutelar

La importancia de una adaptación rigurosa de las figuras de protección al ámbito de discernimiento de las personas sobre las que recaen y la profesionalización han sido dos de las notas destacadas en la sesión formativa sobre “Protección y tutela de adultos” ofrecida por Eduardo Ferreiro en el hospital Hestia Duran i Reynals de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) el pasado 2 de julio.

Ferreiro es abogado especializado en las áreas de Civil, Mercantil y Penal Económico, Máster en Derecho de Nuevas Tecnologías además de Titulado Experto en Derecho de Familia y Sucesiones, y está vinculado a la Fundación Hestia, entidad a la que representa ordinariamente en cuestiones que involucran a las personas con capacidad civil modificada que están sujetas a las distintas medidas de protección.

En su intervención, Ferreiro aprovechó para repasar el cambio de paradigma que en 1983 propició un nuevo marco legal de las distintas figuras de protección (tutela, curatela, defensa judicial, guarda de hecho), apuntando las particularidades entre aquellas que se rigen por el derecho civil común y el foral.

En este sentido, se refirió extensamente al régimen de estas figuras -insistiendo en la necesidad de limitar, por su inseguridad, la guarda de hecho- e intercambió impresiones sobre cómo se abordan desde una fundación tutelar, como la Fundación Hestia, cuyos referentes tutelares asistieron con atención a las explicaciones de Ferreiro.

El abogado no dudó en apostar por la profesionalización de la labor de estos referentes- “ejecutores materiales”, jurídicamente hablando, señaló- para el caso de que, fallando el entorno familiar o comunitario (este último, en el ámbito de Cataluña), se active subsidiariamente la protección de una fundación tutelar.

A su juicio, esta profesionalización contribuiría a la mejor defensa de los intereses de las personas incapacitadas total o parcialmente, en un contexto en el que prolifera el “corta y pega” en las sentencias que determinan las figuras de protección, contexto que atribuyó a la falta de medios especializados en la Administración de Justicia.

“Es necesario que las sentencias respeten el ámbito de discernimiento de las personas y se adecuen a los convenios internacionales, pero también que sean muy rigurosas para que su aplicación no se vea entorpecida en la práctica diaria. A falta de medios, esto va a depender de la calidad humana y el cariño de jueces y magistrados”, advirtió.